abril 11, 2025
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Por Santiago Ruíz

La semana pasada el Órgano de Fiscalización (OFS) de Tlaxcala, realizó la entrega de 108 informes sobre las cuentas públicas, del periodo enero y agosto y de septiembre a diciembre del ejercicio fiscal 2021, lo que dio un total de 253 auditorías, de las cuales 118 son del rubro financiero, 75 de obra pública y 60 de desempeño.

En este periodo, la administración priista de Marco Mena Rodríguez observó un daño patrimonial de más de 85 millones de pesos, de las dependencias dependientes al Poder Ejecutivo; en el caso de los municipios que concluyeron su mandato en agosto del año pasado, existió un daño patrimonial superior a los 344 millones de pesos.

Los ex funcionarios responsables de este este daño al patrimonio deben responder por esos desfalcos, puesto, que, si la rendición de cuentas pierde su eficacia, el ejercicio del poder se socava.

La corrupción gana terreno cuando la rendición de cuentas se hace un lado o se negocia para dar vida al ejercicio irresponsable de esta.

El espectro de las posibles sanciones que acompañan ejercicios efectivos de rendición de cuentas aún no es muy claro, vivimos en un país donde la imposición de castigos severos no existe, lo más que se ha logrado es la exposición pública y a veces la inhabilitación para volver a ocupar cargos en el servicio público.

Nuestros políticos ya se la saben, pues ni la inhabilitación, ni el escarnio público los avergüenza, ya están acostumbrados a la crítica y han hecho oídos sordos a esta; lo que se requiere es la aplicación de sanciones legales apropiadas y la cárcel si la deuda lo amerita y no se solventa.

Si el gobierno de Marco Mena Rodríguez, incurrió en actos de corrupción y excesos, entonces la autoridad tiene que actuar en consecuencia y pedirle que aclare a dónde fueron a parar los millones de pesos reportados por el OFS.

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